El presidente de Paraguay aplasta el proyecto de ley de Bitcoin y criptominería con un “veto total”

 

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, echó por tierra espectacularmente un proyecto de ley muy cacareado que habría legalizado y regulado Bitcoin (BTC) y la criptominería en el país latinoamericano.

Según se informó, el ambicioso proyecto de ley comenzó como un proyecto de ley de los particulares en la Cámara de Diputados y fue formulado en conjunto con los mineros nacionales que quieren aprovechar los excedentes de energía eléctrica que se produce en las hidroeléctricas. Finalmente fue retomado por el Senado, donde fue defendido por el Senador Fernando Silva Facetti.

El Senado luego aprobó el proyecto de ley, al igual que la Cámara Baja. Pero parece haber caído en el último obstáculo, con Benítez descontento acerca de cómo el consumo de electricidad de la criptominería podría afectar la sostenibilidad a largo plazo.

Benítez, según Portalo de Bitcoin, decretó que la criptominería “requiere un alto nivel de consumo eléctrico que podría comprometer el desarrollo y expansión de una industria nacional inclusiva y sustentable”. El decreto, que el Presidente remarcó fue elaborado con el asesoramiento del banco central de la nación, también destacó que la minería hace “uso intensivo de capital y bajo uso de mano de obra” y “como tal, no genera valor agregado para la economía”.

A principios de este mes, Cryptonews.com informó que el proyecto de ley había recibido críticas de muchos políticos, algunos de los cuales afirmaron que el proyecto de ley se había apresurado.

Otros todavía repitieron afirmaciones demasiado familiares sobre la supuesta alta huella de carbono de la minería. Los mineros internacionales han declarado que aceptarán instalarse en Paraguay, siempre que se les ofrezcan tarifas eléctricas especiales y bajas.

Los mismos críticos también afirmaron que Paraguay tiene muy poco que ganar al permitir que los mineros internacionales accedan al poder paraguayo y que, como resultado, se crearían pocos empleos nacionales.

Esta línea de argumentación parece haber influido en Benítez.

Pero Silva Facetti, furioso, recurrió a Twitter para criticar la decisión del presidente, a la que calificó de “veto total”. El Senador afirmó que el veto tenía poco sentido considerando la gran cantidad de mineros que ya operan en el país.

El Senador escribió que el Poder Ejecutivo del gobierno fue culpable de “ignorar la existencia de” los mineros, quienes ahora tendrán que “trabajar a la sombra de las regulaciones”.

El Senador escribió que el Presidente se “lavó las manos” con la minería, y la obligó a “operar en una zona gris, sin poder disfrutar del acceso al sistema financiero ni construir garantías de protección al inversionista”.

Agregó que Benítez había mostrado una “falta de visión” en sus oposiciones al fallo y había “destruido la posibilidad de la llegada de nuevos inversionistas”, además de paralizar las esperanzas de “cientos de pequeñas y medianas” empresas nacionales que “viven y dependen de esta industria”.

Peor aún, advirtió Silva Facetti, la medida significará que en lugar de utilizar su excedente de energía para impulsar el crecimiento económico, Paraguay tendrá que entregar su exceso de energía a sus vecinos Argentina y Brasil.

Según los acuerdos bilaterales que Paraguay ha firmado con Argentina y Brasil, Paraguay debe donar toda la energía que genera en las plantas hidroeléctricas en los ríos que bordean las naciones si no puede usar o vender esta energía eléctrica.

Los partidarios del proyecto de ley han señalado el hecho de que la infraestructura de Paraguay está configurada para consumir combustibles fósiles, en lugar de energía hidroeléctrica, lo que significa que el 10% de la energía hidroeléctrica del país es “inutilizable” en la nación. Como tal, no hacer uso de la energía, al permitir que los mineros la compren, simplemente fortalecerá la economía de Argentina y Brasil a expensas de Paraguay.

Según los informes, varios jugadores chinos y de Asia oriental esperaban la confirmación del proyecto de ley antes de tomar las decisiones finales sobre la reubicación en el país. Otros, sin embargo, ya se han establecido en la nación y probablemente ahora tendrán que operar en un área “gris” no regulada.

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