Argentina da un giro al impuesto sobre las criptomonedas con una nueva regulación

En un brusco giro en U a una postura anterior adoptada por las autoridades del país, el gobierno argentino ha publicado un decreto que impone un impuesto sobre los créditos y deudas en las transacciones que involucran criptoactivos. El reglamento se publicó el 17 de noviembre y las medidas entraron en vigor el mismo día.

“Las exenciones previstas en este decreto y en otras normativas de similar naturaleza no serán de aplicación en aquellos casos en los que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, canje, intermediación y / o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares, en los términos definidos por la normativa aplicable”, dijo el gabinete argentino en el decreto, según informó el diario local Buenos Aires Times.

Las transacciones criptográficas anteriormente estaban exentas del gravamen que, según la ley argentina, se denomina impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras transacciones. Tales transacciones fueron tratadas como si fueran transferencias de efectivo, según Sebastián Domínguez de la consultora tributaria local SDC Asesores Tributarios.

El impuesto se aplica a tipos de hasta el 0,6%. 

El último desarrollo impone otro gravamen a los usuarios de criptomonedas argentinos. En 2017, una reforma del código tributario del país extendió el impuesto sobre la renta a las ganancias de capital obtenidas de transacciones que involucran criptoactivos.

A principios de este mes, se informó que varias empresas estaban mirando a América Latina, y a países como Argentina y Paraguay en particular, en medio de su búsqueda para crear nuevas bases para las operaciones mineras de bitcoin (BTC) y altcoin. 

Los datos publicados por la Universidad de Cambridge indican que Argentina representó solo el 0.05% del hashrate global de bitcoin en agosto pasado. Aún está por verse si la política fiscal revisada del gobierno tendrá un impacto negativo en el atractivo del país para los actores de la industria de la criptografía.